La elección, gracias a una amplia coalición parlamentaria, del ex-dictador Hugo Banzer como Presidente de la República en 1997, marca el inicio de una profunda crisis de la democracia y la emergencia de movimientos sociales que han puesto en tela de juicio todas las reformas implementadas desde 1985. Lamentablemente, el gobierno de Banzer se entregó casi completamente a una lógica de distribución prebendal del poder, permitiendo la ampliación de la corrupción hasta niveles sin precedentes.
El año 2000 se produce en Cochabamba la denominada "guerra del agua", a raíz del intento de privatizar el servicio de agua potable. El gobierno no puede manejar la crisis, y ni siquiera logra aplicar el Estado de sitio, un recurso constitucional para aplicar la fuerza policial y militar en caso de conflicto social grave. Ese mismo año se organizan dos grandes bloqueos carreteros protagonizados por los campesinos cocaleros del Chapare bajo la dirección de Evo Morales y en el Altiplano Central, capitaneados por Felipe Quispe, el Mallku (cóndor en aymara). De ahí en más, la dinámica del conflicto social alcanzará niveles inéditos, hasta octubre de 2003, en el que un gigantesco movimiento social organizado a partir de las juntas vecinales de la ciudad de El Alto, contigua a la ciudad de La Paz, sede de gobierno, determina la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Las razones, entre otras, fueron las casi 60 personas fallecidas como resultado de enfrentamientos con el ejército y la idea que las reservas de gas natural descubiertas en el sur del país, no debían salir por un puerto chileno. Todo este proceso se denominó la "guerra del gas" y si bien se resolvió mediante la organización de un nuevo gobierno constitucional bajo la figura de la sucesión legal, ha tornado muy precario el equilibrio político y el mantenimiento del sistema democrático.
Organizados bajo el denominativo de grupo comuna, un conjunto de profesionales formados en la sociología y la ciencia política, se dedicaron al análisis, desde la "guerra del agua", de los movimientos sociales (García Linera et al., 2000), magnificando el papel de los mismos en un proceso de ajuste de cuentas con el modelo de economía neoliberal y los partidos tradicionales. Llegaron a la conclusión que esos movimientos tendrían la capacidad de transformar la política y redefinirían, en función del interés colectivo, los términos de la distribución del excedente social (Gutiérrez et al., 2002). La coyuntura y una generosa cobertura de los medios de comunicación, pusieron a estas ideas en primer plano, contribuyendo a generar una opinión desfavorable de todo lo que se había logrado, en democracia, hasta ese momento.
De esta manera, la imagen negativa que la población tenía de los políticos y la política, fue transferida a la democracia representativa, aunque las opciones planteadas para sustituirla y mejorarla no son realistas, cayendo en los mismos errores de las teorías marxistas que atribuyen a una especie de mesías social (proletariado, movimientos sociales en este caso), la función de cambio revolucionario.
Lo criticable de este enfoque es que apologiza la violencia del conflicto social como necesaria para el cambio. Y de una u otra forma, alentó a que grupos marginales de radicales tomaran el mando de organizaciones sociales, llevando a extremos insostenibles el mantenimiento de la democracia y el Estado de Derecho.
Frente a ello, los intelectuales que propiciaron las reformas poco han logrado hacer, salvo reivindicar muy tímidamente los innegables logros alcanzados en democracia. Es como si se hubiese retornado al punto de partida, al extremo que en la actual coyuntura es imprescindible revalorizar la democracia, como sistema de gobierno y forma de vida (Varnoux Garay, 2005), a fin de evitar la instalación, entre la opinión pública, de que cualquier cosa es preferible al caos y desorden al que nos ha arrastrado el conflicto social.
Se puede concluir, entonces, que la ciencia política en Bolivia arranca formalmente con la recuperación de la democracia en 1982, contribuye a partir de un pequeño grupo de profesionales en el proceso de reformas políticas, pero no logra consolidarse como disciplina, ya que desde el 2000 la institucionalidad democrática es duramente cuestionada, generando una crisis que también afecta a la profesión. Además, la precariedad del medio académico en Bolivia hace muy difícil sostener un centro de investigación en ciencia política, por lo que esta tarea recae en instituciones no académicas cuyos fines son frecuentemente de índole práctica.
Por Luis Alberto Ruiz Guerrero
