El juez tercero de Partido en lo Penal Liquidador, Aníbal Miranda, posesionó el lunes a 12 miembros del Tribunal de Imprenta que debe sustanciar el proceso radicado por el gobierno del presidente Evo Morales contra periódico La Prensa que, en una publicación en diciembre pasado, acusó al mandatario "negociar" y dar "luz verde" a un contrabando en el norte amazónico de Bolivia.
Poco más de un mes que el gobierno boliviano radicó una acusación por "difamación" y otros contra el cotidiano, eslabón de una poderosa multimedia que controla al menos cinco diarios en el país.
El proceso fue planteado contra el director del diario en cuestión, Juan Carlos Rivero, presidente, a su vez, de Editores Asociados, que edita La Prensa y El Deber, el de mayor tirada de Bolivia este último en la ciudad de Santa Cruz.
Rivero no se presentó al acto judicial y mandó, en su representación, al abogado Juan Carlos Costas.
El juez Miranda juramentó al jurista César Enrique Díaz Romero como presidente del Tribunal de Imprenta y como miembros titulares al periodista y académico Ronald Grebe y la historiadora Florencia Ballivián.
Destacadas personalidades del periodismo y letras bolivianas tales como Enrique Rada, Deysi Orozco, Ramiro Molina, Armando Martínez, Sandra Aliaga y Mario Alfonso Ibáñez integran el cuerpo de administración de justicia.
El emérito profesor de la facultad de Comunicación de la Universidad Católica Boliviana, filial, La Paz, Dulfredo Retamoso, la activista por los derechos de las mujeres Julieta Paredes. y José Luis Aguirre, fueron posesionados como miembros suplentes del tribunal, el segundo constituido desde 1999, cuando uno de similares características sustanció una demanda del actual senador conservador Wálter Guiteras, a la sazón ministro de Gobierno, contra el periódico Extra.
La ex defensora del Pueblo, Ana María Romero, declinó conformar el Tribunal de Imprenta, lo mismo que Pedro Martínez; Alberto Quevedo, Armando Martínez, José Villarroel, Jaime Villalba y Jhonny Ayaviri.
El juez Miranda, los jurados del Tribunal de Imprenta y abogados de las partes coincidieron, por separado, en calificar el proceso de "histórico e inédito" y que sentará un "importante precedente" en la historia del periodismo boliviano.
"Es un proceso histórico, no es un juicio contra la prensa ni muchos menos a los periodistas, es la denuncia condenando un titular insidioso", precisó el apoderado legal del presidente Morales, Ramiro Burgoa.
El Jefe de Estado presentó, en marzo último, ante la Fiscalía de Distrito, una querella contra los representantes de La Prensa, bajo los cargos de desacato, calumnias e injurias por las publicaciones que lo implican, sin pruebas, en el contrabando de 33 camiones en Pando.
En sujeción al artículo 41 de la Ley de Imprenta, vigente desde 1925, los jurados prestaron juramento.
Luego el juez Miranda entregó al Presidente del Tribunal de Imprenta todos los actuados judiciales para llevar adelante el proceso.
Tras su posesión, Díaz Romero determinó un cuarto intermedio y llamó a una reunión al Tribunal para definir hora y fecha de la apertura de alegatos.
El jefe de Redacción de La Prensa, Carlos Morales, y otros periodistas del medio impreso realizaron una protesta en los pasillos del juzgado.
La denuncia de La Prensa se fundó en un par de cartas receptadas en el Palacio de Gobierno en las que, en ninguno de sus líneas ni parágrafos, se menciona, directa ni indirectamente, que Morales haya autorizado y menos negociado el contrabandeo.
En su portada del 11 de diciembre La Prensa denunció que Morales "negoció" y dio "luz verde" al ilícito.
Morales se quejó agriamente al día siguiente contra el impreso en un acto público en el Palacio de Gobierno.
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